La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes el informe final que recomendó la suspensión por 120 días de la legisladora María Cordero Jon Tay, expulsada del partido político Fuerza Popular e investigada por el delito de concusión ante el recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.
Con 13 votos, el grupo fue presidido por Diego Bazán de Avanza País que acordó descontar sus remuneraciones por este período y remitir la copia del documento al Ministerio Público.
Asimismo, el titular de la comisión pidió a la Mesa Directiva atender el caso con celeridad para que la denuncia pueda llegar al hemiciclo, donde deberá ser debatida y votada.
“El pleno, estoy seguro, va a repetir la votación de hoy, que ha sido en unanimidad”, confió.
A su vez, la decisión ocurre un mes después de que Punto Final revelara que la parlamentaria también exigía que sus trabajadores le compren joyas y cubran, de manera total, sus gastos durante la semana de representación en Tumbes.
“Su trato en todo momento fue humillante y amenazante, como se escucha en los audios, siempre me extorsionaba con que si no hacía algo me iba a despedir. Siempre demostró una actitud agresiva y abusiva, la amenaza era de que me iban a sacar del trabajo e iban a difundir con todos los miembros del Parlamento para que no me contraten”, señaló Cabrejos.
De esta manera, junto con ella, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Heidi Juárez y el propio presidente del Parlamento, Alejandro Soto, han sido acusados de recorte salarial, una práctica por la que a fines de agosto el excongresista Michael Urtecho fue condenado a 22 años y cinco meses de cárcel.
