El martes el premier Alberto Otárola y el ministro del Interior Vicente Romero Fernández se presentaron ante la comisión de Constitución del Congreso de la República para sustentar el pedido extraordinario de facultades legislativas que se necesitan se aprueben para solucionar los principales problemas que afronta el país como: seguridad ciudadana, riesgos de desastres naturales, infraestructura social y calidad de proyectos y la meritocracia.
Durante la exposición, el ministro Romero explicó las líneas de acción que van impulsar su sector en materia de seguridad ciudadana. Una falla identificada en la persecución del delito es la “puerta giratoria del delito” que es impunidad, prescripción, reincidencia y absolución judicial.
Este problema se debe a la falta de capacitación en la policía, de no saber aplicar de forma oportuna y correcta la normativa vigente. Asimismo, de promover las capturas oportunas de los delincuentes que reinciden en sus actos ilícitos.
Este análisis detectó una falencia en el sistema de administración de justicia, por ese motivo se creó años atrás el ‘Programa de Recompensas’, que es otorgar un beneficio económico a la persona que brinde información que permita a la Policía identificar y capturar a los miembros de organizaciones criminales o requisitoriados, que se encuentran en la “Listado de los más buscados”.
Esta estrategia que funciona en distintas partes del mundo no ha sido considerada como parte de la estrategia que plantea el ministro Romero para controlar los problemas de inseguridad ciudadana. Sin embargo, este programa dominical tuvo contacto con siete ciudadanos quienes proporcionaron información oportuna que permitió a la policía capturar de las personas requisitoriadas que se encontraban en la lista de los más buscados.
Estos cazarrecompensas denuncian haber sido estafados por el Estado por negarles el derecho de cobrar la recompensa ofrecida. Esta situación ha repercutido en la mayoría de las unidades especializadas de la policía que pese a los esfuerzos desplegados y gastos en inteligencia utilizados no logran capturar a las personas más buscadas.
Por ejemplo, este programa dominical publicó una nota que daba cuenta del blindaje judicial que recibe la exministra del régimen aprista Susana Pinilla Cisneros. En la nota periodística se informó que la sentenciada por corrupción está viviendo en una finca que adquirió en la provincia de Chiquirí en Panamá.
En la indagación se descubrió que el juez del Callao Juan Rosas Castañeda había renovado la orden de captura nacional mientras que la internacional la había suspendido, a sabiendas que Pinilla Cisneros había huido al país.
En la página web www.recompensas.pe se ofrece 20,000 soles a la persona que proporcione información sobre su paradero. En tanto, las autoridades de interpol al tomar conocimiento de la nota periodística difundida, remitieron oficio al juzgado para solicitar se active la orden de captura internacional.
Otro caso que también toma relevancia que es un claro ejemplo de impunidad e ineficiencia policial, es el pedido de detención contra Wanda Del Valle Bermúdez Viera la expareja del maldito Cris que es requerida por el juzgado penal de turno de Lima. A la venezolana se le acusa por conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio del coronel de la policía y jefe de la división de homicidios Alfredo Revoredo.
Según los informantes de la policía consultados por este programa dominical, no hay interés en ubicar a la venezolana porque el Ministerio del Interior no quieren pagar la recompensa de 150,000 soles que ofrecen por su paradero.
De acuerdo a dos informes y siete actas a las que se tuvo acceso, que fueron elaboradas por el secretario técnico de la comisión evaluadora de recompensas contra la criminalidad coronel en situación en retiro Eduardo Vergaray Van Meerbeck, se aprecia la negativa de pagar la recompensa pese a que utilizaron la información del ciudadano colaborador para capturar al requisitoriado.
Al revisar los expedientes formulados por dicha comisión, se aprecia que tres actas han sido rechazadas bajo el argumento que los policías que trabajan con los informantes realizan labores de inteligencia por ese motivo “no tienen facultades para ejecutar las capturas”.
Según el coronel Eduardo Vergaray solo los policías de la División de la Policía Judicial están facultados para realizar las capturas de los ciudadanos requisitoriados.
De otro lado, los informantes contaron a este programa dominical que lo que busca Vergaray es incrementar la producción en la División de la Policía Judicial que ha registrado sus niveles más bajos de capturas, por ese motivo el jefe de la unidad policial se encuentra preocupado porque no ha podido justificar los gastos de inteligencia que se les asignó.
Capturas de destiempo
En un acta de la comisión evaluadora del programa de recompensas se aprecia que el informante conocido como ‘Rana’ proporcionó información el 5 de abril de 2022 para que los policías que realizan labores de inteligencia capturen al requisitoriado Miguel Ángel Palomino Amaro que estaba pedido por el delito de robo agravado y por el cual pagaron 15,000 soles.
En otra acta se lee que el informante “Patas Cortas” entregó información el 9 de julio de 2022 para que ubiquen a la pareja de esposo Alfredo Leiva Romero y María Henostroza Maza acusados de asesinado con crueldad que realizaron el 22 de noviembre de 2012 en agravio de Francisco Rojas Romero.
Según se lee en el reporte policial a las 12 horas del sábado 9 de Julio, Alfredo Leyva de 48 años junto a su esposa María Henostroza de 39 años ingresaron a la iglesia ubicada en plaza de armas de la ciudad de Huacho. Llevaban en brazos un recién nacido que lo iban a bautizar en una ceremonia cristiana.
Durante una década, la pareja había eludido a la policía que los buscaba desde hace una década por pedido del juzgado penal de Huaraz.
Alfredo Leiva luego que terminó la ceremonia, procedió a salir raudo de la iglesia, en esa circunstancia fue detenido por policías que realizan labores de inteligencia en la región policial Lima. Leiva les contó a sus captores que no se arrepentía el haber asesinado a Francisco Rojas a quien le mutiló partes intimas de su cuerpo y lo arrojó dentro de un costal en el río.
María Henostroza, fue detenida con su menor hijo en brazos, su hermana una monja que vive en el extranjero cogió al bebe mientras los policías la trasladaban a la comisaría de Huacho. La detenida guardó silencio durante su permanencia en la sede policial y en el juzgado.
Este programa dominical pudo contactar por teléfono a Eusebio Rojas, hermano menor de la víctima Francisco Rojas Romero, quien contó que el crimen fue pasional. “Nuestro punto de vista, es porque fue un crimen pasional. Porque el finado, mi hermano Francisco, estaba en amoríos con la actual pareja, esposa, qué se yo, del involucrado en el asesinato” contó.
Explicó que el móvil del crimen habría sido que Alfredo Leiva descubrió la infidelidad de su pareja María Henostroza con Francisco Rojas a quien conocía desde la época del colegio. “Esa relación venía desde años atrás, desde el colegio. Cada uno buscó su pareja. Mi hermano tenía una pareja, que tenía dos hijos y uno en camino. La señora tenía, pues, un vínculo sentimental con el asesino”.
Indignado contó que Alfredo Leiva y María Henostroza viven juntos y están libres. Fuentes judiciales corroboraron que ambos salieron en libertad en vista que el proceso judicial empezó en el año 2013 y diez años después fueron capturados. El juzgado procedió a darles libertad en vista que se tenía que estudiar el expediente judicial para solicitar el pedido de prisión preventiva.
La familia de Francisco Rojas luego que tomó conocimiento de la captura de los presuntos asesinos contrató un abogado para que ayude en las diligencias en la fiscalía, pero el juzgado decidió que sigan las indagaciones en libertad pese a estar prófugos durante una década.
La pareja de esposo durante la audiencia de prisión preventiva decidió guardar silencio y negaron ser autores materiales del crimen perpetrado contra Francisco Rojas.
Eusebio Rojas contó indignado que su hermano dejó tres menores hijos en la orfandad y fue enterrado en el poblado de Cátac ubicado en la región Ancash.
El expediente judicial del homicidio de Francisco Rojas se encuentra en la sala de apelaciones de la Corte de Justicia de Huaraz a la espera que se dicte nueva fecha.
La familia Rojas considera que existe algún tipo de acto de corrupción en el proceso judicial. “Exactamente, eso es lo que se nos ha pasado por la cabeza y eso es lo que debe ser. Inclusive el juez y todas esas personas, siempre han estado a favor y de parte de ellos”.
Finalmente, el hermano del fallecido advirtió que el delito está por prescribir en vista que ha trascurrido diez años desde que ocurrió el crimen.
