Once congresistas son investigados en funciones enfrentan acusaciones similares de aplicar recortes salariales irregulares, un escándalo que se ha denominado popularmente como los casos de ‘Mocha sueldos‘.
Esto se da en medio de un contexto donde el excongresista Michael Urtecho, quien se convirtió en el primer parlamentario acusado de reducir de manera indebida los sueldos de su personal, ha sido sentenciado a cumplir una pena de 22 años y cinco meses de prisión efectiva.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por Víctor Prado Saldarriaga, dictaminó esta condena tras encontrarlo culpable de varios cargos, incluyendo concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.
Congresistas involucrados
Los presuntos congresistas que están siendo investigados por el Ministerio Publico son: Heidy Juárez, Magaly Ruiz, María Acuña, Edgar Tello, Jorge Flores, María Cordero, Katty Ugarte, José Arriola, Rocío Torres, Magaly Portero y Michael Urtecho.
Todos ellos son investigados de recortar el sueldo de sus trabajadores, no solo son blindados en el Congreso de la República por diversas bancadas, también son ‘premiados’ ocupando importantes cargos en las diferentes comisiones del Parlamento.
En primer lugar, el caso inicial que atrajo la atención publica fue el de la legisladora María Cordero, quien en una grabación instaba a su empleado a dirigirse rápidamente a un cajero automático.
A su vez, Katty Ugarte fue señalada por reducir los salarios de su equipo con el propósito de financiar publicaciones en medios con el objetivo de mejorar su imagen
Mientras que, el congresista Edgar Tello fue denunciado por una empleada embarazada, quien se resistió al recorte salarial y recibió la solicitud de comprar un costoso reproductor utilizando el bono que había recibido.
En un informe periodístico reveló que el parlamentario José Arriola redujo los salarios de sus colaboradores bajo el pretexto de realizar labores sociales. En el caso de Magaly Ruiz, un miembro de su equipo la acusó de rebajarle el sueldo, lo que resultó en su despido, tras lo cual contrató a la pareja sentimental de su hijo.
Asimismo, Rosío Torres fue denunciada por una empleada de su despacho, quien afirmó que su sobrino estaba involucrado en estos recortes irregulares y que la parlamentaria inicialmente lo denunció, pero más tarde se descubrió que había estado borrando conversaciones y mensajes de texto relacionados con el asunto.
Por su parte, María Acuña enfrenta acusaciones de obligar a sus trabajadores a reducir sus salarios para cubrir la remuneración de otro colaborador. Jorge Flores Ancachi exigía a sus empleados que entregaran el 10% de sus salarios y el 50% de sus bonificaciones. Heidy Juaréz, fue denunciada por un excolega del Congreso por recortar la mitad de su salario.
Magaly Portero ha enfrentado acusaciones de supuestamente instar a sus empleados a adquirir sillas de ruedas para financiar lo que ella llama la ‘Ruta de la Solidaridad’. En un caso más reciente, se alega que trabajadores del presidente del Congreso, Alejandro Soto, utilizaron parte de sus salarios para sufragar campañas de mejora de imagen en redes sociales.