El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, sostuvo que, para combatir de manera efectiva a la criminalidad, “se necesita que el Poder Ejecutivo ejerza liderazgo y el empoderamiento de la Policía”, para lo cual, “debe valorarse la vida de la Policía y todo aquel que mate a un policía en el ejercicio de sus funciones, merezca cadena perpetua”.
Además, sostuvo que se trabaja con otras instituciones para luchar por “una sociedad donde impere la seguridad ciudadana y una justicia con rostro humano”.
“Al margen del color político o cuestión ideológica, la delincuencia nos perjudica a todos. No creo que ningún peruano se haya salvado de la delincuencia; por eso, la lucha contra la delincuencia es sin límites y sin bandera, es la defensa de los ciudadanos frente al crimen”, indicó.
En esa línea, señaló que se requiere mayor presupuesto para satisfacer las necesidades logísticas del sistema de justicia. “Es hora de invertir en seguridad. Sin seguridad, no va a haber recuperación el país”, agregó.
Por otro lado, refirió que, a razón del aumento de conductas criminales como cobro de cupos, extorsiones y otros delitos graves, “deben llevar a pensar a reformar el Código Penal”.
Nueva unidad de flagrancia en Cercado
Arévalo Vela dio estas declaraciones en el marco de la inauguración de la Unidad de Flagrancia ubicado en el Centro de Lima, acompañado del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, entre otras autoridades.
En esa línea, el alcalde de Lima consideró cede en uso locales municipales para la implementación de más unidades de flagrancia, en las jurisdicciones de Lima Este y Lima Norte, donde se registra un aumento delincuencial.
Funcionamiento de las unidades de flagrancia
Tal como indica el Poder Judicial, los equipos jurisdiccionales y administrativos trabajarán con turnos permanentes de manera ordenada y planificada, incluidos sábados, domingos y feriados durante todo el día, en espacios físicos contiguos y con las garantías constitucionales para el debido proceso.
Lo que busca este modelo de justicia rápida, es reducir la pérdida de tiempo por los trámites y traslados del personal de las entidades y de los investigados, así como reduce el riesgo de fuga.
Los procesos inmediatos por flagrancia concluyen en menos de 72 horas. Si el procesado admite su culpabilidad y se acoge a la figura de la terminación anticipada, puede ser sentenciado en menos de un día.