El miércoles último, a las 8 con 15 minutos de la mañana salió rauda del edificio que habita la jueza Virginia Medina Sandoval, no estaba haciendo deporte, sino intentó eludir las cámaras y no responder al reportero que se acercó para preguntarle por las apresuradas decisiones que tomó en el expediente judicial seguido contra el demandando José Enrique Vásquez Garriazo por obligación de dar suma de dinero a su hermano Jean Pierre Nolasco Garriazo.
Lo inusual de las decisiones judiciales de la jueza Medina es que emitió resoluciones contra el demandado cuando este había fallecido y ni siquiera dispuso le notifique a su conviviente, Gloria García Barrientos, madre de los tres hijos que procreó con José Vásquez, quienes se quedaron desamparados porque su derecho de propiedad se lo había arrebatado la magistrada, los hijos de la familia Vásquez García lo único que heredaron fue una deuda de 83 soles que mantenía el fallecido con una compañía de teléfonos.
La magistrada Virginia Medina, el 7 de abril de 2021, ante la inacción judicial de Vásquez Garriazo admitió a trámite el pedido del demandante Jean Pierre Nolasco Garriazo para que le reconozca la deuda de S/ 300 mil 500 soles.
Luego en diciembre de ese año, la magistrada dispone que se trabe la inscripción en forma de embargo la propiedad que había adquirido José Enrique Vásquez Garriazo por la cual había pagado S/ 328 mil 628 soles en una subasta promovida por la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) que se encuentra en proceso de liquidación.
Según la escritura pública inscrita en la Superintendencia de Registros Públicos de Lima a la cual tuvo acceso este programa dominical, el predio ubicado en Villa El Salvador fue inscrito el 29 de noviembre de 2021, es decir, José Vásquez Garriazo fue dueño del predio tan solo un mes. Además, se aprecia en el reporte histórico del Infocorp que el fallecido no registra actividad financiera, tan sólo una pequeña deuda con la compañía de teléfonos.
Es importante precisar que José Vásquez estuvo afiliado desde el 11 de marzo de 2013 hasta el día que murió en el Seguro Integral de Salud (SIS), que otorga el gobierno a las personas en pobreza y pobreza extrema y bajo esa misma condición económica estuvo inscrito en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para obtener ayuda económica de parte del gobierno. Estas variables socio-económicas no fueron evaluadas ni requeridas por la jueza Medina al momento de admitir la demanda, tan sólo recibió las letras de cambio simples como medio de prueba.
Según el reporte de Infocorp, María Luisa Garriazo Cruces presentó protesto de la letra de cambio que firmo su hijo José Vásquez Garriazo por la suma de 322 mil 500 soles; su hermano Jean Pierre Nolasco Garriazo también presentó dicho procedimiento legal de cambio por S/ 300 mil 500 soles; mientras que la compañía Construcciones Noga Group S.A.C. cuyo gerente general es la madre de ambos, reclamó la devolución del monto de dos letras de cambio por un valor total de 1 millón 620 mil soles. Es decir, su madre y su hermano Jean Pierre le reclamaron al indigente José Enrique Vásquez Garriazo la suma de S/ 2 millones 243 mil soles.
Continuando con el recuento cronológico de las decisiones judiciales, el 18 de marzo de 2022 la magistrada Medina Sandoval aprobó el informe pericial de tasación comercial del bien inmueble en 378 mil 069 dólares americanos, al día siguiente, el demandado José Enrique Vásquez Garriazo falleció según se aprecia en el acta de defunción obtenida por este programa dominical.
La muerte repentina del demandado no fue impedimento para que la jueza Virginia Medina continúe con las diligencias. El 26 de abril del año pasado, la propiedad de José Enrique Vásquez Garriazo fue inscrita por disposición de la jueza Medina a nombre de su hermano Jean Pierre Nolasco Garriazo por la deuda que le reclamó ante el sexto juzgado civil especialidad comercial. La magistrada Medina en ningún momento dispuso que se notifique a los familiares del fallecido, ni al ocupante del predio a quien mantendremos en reserva su nombre y a quien le negó el derecho de incorporarse en el proceso judicial.
Según el reporte obtenido del Ministerio Público, la jueza Virginia Medina Sandoval registra 15 denuncias en su contra en los últimos dos años que van desde: prevaricato, abuso de autoridad, organización criminal y hasta lavado de activos. Esta última investigación repentinamente fue archivada al no obtener mayores elementos de convicción recabados.
De igual manera, María Luisa Garriazo Cruces registra en la base de datos de la fiscalía tres denuncias interpuestas en su contra por los delitos de usurpación con violencia de terrenos y falsificación de documentos que continúan siendo investigadas.
Según el reporte de Infocorp registra gasto promedio mensual de S/ 2,381 y es la gerente general de la empresa Construcciones Noga Group S.A.C. por dicho trabajo no percibe sueldo que haya sido declarado ante la SUNAT, tampoco registra estar afiliada a la AFP. Su perfil muestra contradictorio en la falta de ingresos económicos formales. Se aprecia que en la Sunarp ha registrado tres bienes inmuebles en Lima, uno en Pisco y otro en Chimbote valorizados en miles de dólares americanos. Además, dentro de su patrimonio se han contabilizado ocho vehículos inscritos a su nombre.
De igual manera, Jean Pierre Nolasco Garriazo registra tres investigaciones abiertas por estar incurso en los delitos de negociación incompatible y usurpación con agresión. Un acto inusual se habría presentado con el pedido de la fiscalía de Lima Sur que le apertura investigación por el delito de lavado de activos tras detectar la venta irregular de terrenos y por haber simulado deuda millonaria con su hermano José Enrique Vásquez Garriazo, esta misma institución repentinamente solicitó se archive la investigación, pero la procuraduría especializada impugnó el pedido fiscal, el cual fue admitida por la instancia superior y continúa siendo investigado.
Jean Pierre Nolasco Garriazo tiene inscrito a su nombre 11 inmuebles en los distritos de San Luis, Barranco, La Victoria y Villa El Salvador, además otro predio ubicado en la ciudad de Chincha, las propiedades están valorizado en varios miles de dólares. El inmueble que le fue adjudicado vía judicial continúa registrado a su nombre, mientras que el inmueble que actualmente es habitado por la familia de Dina Calle Lucero que obtuvo de forma irregular durante la subasta promovida por ENACE fue transferido a la empresa Construcciones Noga Group S.A.C.
La empresa constructora tiene registrado tres inmuebles, uno ha sido vendido. Según el reporte de Infocorp la compañía mantiene deuda vigente de 681 mil 375 soles siendo el principal acreedor de la deuda la cooperativa San Hilarión. Asimismo, es importante precisar que la empresa fue constituida por Jean Pierre Nolasco Garriazo y su mamá con un capital social mínimo. Por ese motivo, una fuente consultada de la Superintendencia de Banca y Seguros señaló a este programa que no existe coherencia entre el capital social y los bienes inmuebles adquiridos.
Luego, de analizar el perfil financiero de la familia Garriazo, este programa dominical fue en búsqueda de la dirección consignada por Jean Pierre ubicada en la calle Virrey La Serna 499 distrito de La Victoria, siendo atendidos por una mujer que prefirió no identificarse y señaló que vive en otra dirección la cual señaló y visitamos.
El otro inmueble de Jean Pierre Nolasco Garriazo funciona como cochera de motos. El guardia de seguridad, decidió llamar a María Luisa Garriazo Cruces y la respuesta fue que no vive en dicho lugar. En la otra dirección consignada por Jean Pierre ubicada en la calle Porta 170 en Miraflores, el vigilante afirmó que Jean Pierre no viene a dicha oficina, sino que está alquilada a un staff de abogados que atienden a sus clientes.
Retornando a la peregrinación judicial del denunciante que ha visto vulnerado sus derechos de propiedad al negarle la jueza Medina intervenir en el proceso judicial que donde se validó la simulación de deuda que se dio entre los hermanos Garriazo. Él tampoco ha podido participar en la subasta organizada por ENACE de su terreno que fue vendido en S/ 328 mil 628 soles a José Vásquez Garriazo.
El denunciante ha recurrido a las distintas instancias judiciales para reclamar su derecho de propiedad, todas las puertas se le han cerrado y en esta peregrinación han trascurrido dos años. Repentinamente, en las últimas dos semanas, han aparecido grupos de matones que vigilan la vivienda de Ocón, utilizan en algunas ocasiones autos para desplazarse y generar temor, por ese motivo la familia clama ayuda de las autoridades.
El denunciante contó a este programa dominical que se enteró que su propiedad estaba a nombre de otra persona, cuando fue a realizar un trámite en la Superintendencia de Registros Públicos, la partida electrónica contiene una traba registral dispuesto por la jueza Medina.
El denunciante anónimo contó que adquirió en $ 45,000 dólares americanos el inmueble que habita con su familia desde el año 2000 a un dirigente de la Comunidad Campesina de Llanavilla, antiguos propietarios del terreno.
En el año 2005 se disolvió ENACE y empezó el proceso de liquidación de los activos, es en ese contexto en que los dirigentes de la Comunidad Campesina de Llanavilla toman conocimiento de la inscripción en registros públicos de los terrenos ubicados en la zona Hoyada Alta en el distrito de Villa El Salvador y proceden a demandar a los representantes de ENACE que presentaron información falsa para lograr la inscripción de los terrenos en la Sunarp.
La junta liquidadora empezó la venta de algunos terrenos dando la oportunidad en primera opción a los posesionarios de los predios, quienes adquirieron algunos lotes a un precio promedio de $1,100 hasta $ 1,500 según se aprecia en los contratos suscritos por el liquidador judicial y los propietarios.
El 5 de noviembre de 2005, Dina Calla Lucero y Rubén Mendoza Quispe compran el lote 9 de la manzana e2 en Villa El Salvador. El terreno de 455 metros cuadrados tuvo un costo de 30 mil nuevos soles y le permitió a la pareja de esposos vivir con tranquilidad por 12 años. Pero esa felicidad duraría poco, el 31 de mayo de este año, la Empresa Nacional de Edificaciones aparecería en el hogar de la familia Mendoza Calla para informarles que su casa iba a ser subastada públicamente.
Tras una búsqueda minuciosa logramos a acceder a la grabación de la subasta de aquel 31 de mayo. La familia Mendoza Calla acudió al local de la Empresa Nacional de Edificaciones y se conectaron desde la laptop de su hija para participar de la subasta. Lo que pasaría después sería inimaginable. La empresa de edificaciones le cedería la casa de la pareja de esposos a un tal Alejandro Quispe Arévalo.
Los casos del denunciante anónimo y Dina Calla Lucero son un ejemplo de lo que pueden hacer los liquidadores en contubernio con los jueces y fiscales.